Mediación MASC en Santa Cruz de La Palma

El mecanismo alternativo de solución de conflictos MASC en Santa Cruz de La Palma garantiza alternativas diligentes, accesibles económicamente y colaborativas frente a los tribunales. Impulsa el entendimiento mutuo entre las partes, evita gastos propios del litigio y propicia pactos adaptados a cada caso que evitan largos procesos judiciales. Tras la aprobación de la L.O.1/2025, los MASC limitan el conflicto interpersonal y reducen los desembolsos económicos a las partes. Además, se trata de un proceso rápido y flexible con prevención de futuros conflictos. El objetivo es la resolución de discrepancias de una forma dialogada y consensuada.

Los especialistas en mediación están inscritos en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia. No pueden intervenir si concurren causas que comprometan su neutralidad. Intervienen con total neutralidad, protegiendo la imparcialidad del trámite y del pacto alcanzado. La neutralidad queda garantizada mediante la intervención de un mediador profesional y neutral, avalado por la legislación vigente y sometido a criterios de confidencialidad, equilibrio y objetividad.

Debe recomendarse en controversias patrimoniales disponibles y exista voluntad de alcanzar un acuerdo eficaz, reservado y dialogado. Es idónea en conflictos patrimoniales o empresariales. Además, en aquellas materias en que la L.O.1/2025 impone la utilización de un MASC, la mediación evita inadmisiones procesales o prolongaciones injustificadas del litigio. En conflictos no sujetos a MASC obligatorio, es especialmente útil cuando se desea evitar el deterioro del vínculo personal o profesional, o restringir la publicidad de la controversia.

Si convocadas las partes, una no acude a la sesión sin justificación, se entenderá que declina voluntariamente la mediación. Se tendrá por cumplido el requisito de procedibilidad y el mediador podrá certificar el intento de negociación, haciendo constar la parte incomparecida (dicha información podrá ser revelada legalmente). Aunque la mediación es voluntaria, su intento documentado es presupuesto procesal, por lo que es necesario justificar la falta de asistencia si no desea enfrentar consecuencias procesales.

El proceso de procedimiento de mediación en Santa Cruz de La Palma comienza con la petición formal de una de las partes o ambas, o por remisión del órgano jurisdiccional. Una vez aceptado, el mediador se pone en contacto con las partes para programar una primera sesión. En la sesión inicial de información, el mediador expone el funcionamiento del proceso, el proceso de mediación y validez jurídica del resultado. Además, el mediador hará referencia al contenido documental del proceso (acta inicial y acta final), los aranceles aplicables y el calendario de sesiones. Desde ese momento, el periodo aproximado hasta la resolución es de 30 días naturales.

El mediador redacta tanto un acta de apertura donde registra su identificación profesional, la identidad y los datos de las partes, el objeto de la controversia y la fecha de la sesión, como un documento de cierre con los términos del acuerdo, las fechas de las sesiones mantenidas, una expresión jurada de buena fe y la firma de las partes y el mediador. El mediador deja constancia la asistencia de las partes tanto a la sesión inicial como si inician el proceso, y así se valida el presupuesto procesal exigido.

El mediador documenta lo pactado —total o parcial— en un acta final y facilita el texto a las partes implicadas. Dicho acuerdo produce efectos similares a una sentencia firme para las partes. Puede dotarse de valor ejecutivo mediante escritura pública (capacidad ejecutoria), y si hay procedimiento judicial abierto, puede interesarse su convalidación jurisdiccional.

La extensión en el tiempo de la mediación regulada en Santa Cruz de La Palma depende de la complejidad del conflicto. En la mayoría de los casos, basta con entre dos y cinco reuniones de entre una y dos horas cada una. El tiempo medio para cerrar el procedimiento es inferior al mes, lo que la convierte en una solución eficaz frente a la vía contenciosa, que suelen dilatarse de forma considerable. Si el proceso de mediación es el MASC elegido para cubrir la obligación procesal inicial, no podrá superar el plazo legal de 90 días.

El precio del procedimiento de mediación es asumido equitativamente por las partes, a menos que las partes acuerden otra cosa. En algunos casos, como procedimientos derivados de órganos judiciales o derivadas desde instituciones públicas, se contempla la exención total o parcial del coste. En caso de resolución judicial que imponga costas, el gasto del MASC puede imputarse.

SI NO HAY ACUERDO TRAS EL PROCESO

El mediador extiende el acta conclusiva, donde constan los datos identificativos de intervinientes y mediador, la fecha de inicio y fin, las sesiones celebradas, el objeto de la controversia y una manifestación formal del actuar leal de las partes y hará constar que no se ha alcanzado pacto alguno. El mediador redactará el acta de intento de solución previa para que pueda cumplirse el requisito de procedibilidad.

SI HAY ACUERDO TRAS EL PROCESO

El mediador levanta el acta de cierre, con los datos personales de las partes intervinientes, de abogados/as y del mediador, el lugar y la fecha, las obligaciones que cada parte asume, y que el proceso se ha ajustado a lo previsto en la L.O.1/2025. El mediador documentará fielmente lo convenido, siendo exacta expresión de lo pactado por ambas partes. Los acuerdos son obligatorios para las partes. En cualquier caso, el ACTA se firma por las partes y el mediador, y se proporciona copia a cada parte, conservando otra el mediador. Si el asunto está en trámite ante los tribunales o está sujeto a homologación procesal, las partes facilitan el documento a sus representantes legales para que actúen en consecuencia.

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